El informe de evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal del Ministerio de Hacienda, incluye una serie de recomendaciones para luchar contra este tipo de delitos, entre las que se incluye la obligación de informar de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjetas de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda.
La idea del Ministerio es una modificación del artículo 38 del Reglamento General de la Agencia Tributaria, que establece la obligación de las entidades de crédito de informar acerca de las declaraciones de saldos por importe superior a 6.000 euros y de las disposiciones de fondos en efectivo cuando el importe sea superior a 3.000 euros «ya estén denominados en euros o en cualquier otra moneda».
Además, Hacienda también ha propuesto prohibir el uso de tarjetas u otros medios de pago emitidos por entidades residentes «en jurisdicciones no cooperativas» –paraísos fiscales–, o en las que no aparece un titular identificado.
Gestha pide una reorganización
Por su parte, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que unos 6.200 millones de euros anuales podrían recaudarse mediante una profunda reorganización del Departamento que dirige María Jesús Montero y de la Agencia Tributaria.
Según Gestha, esta reorganización pasa por permitir a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público y desplazar el objetivo de la comprobación e investigación de los autónomos y pymes hacia la evasión de grandes fortunas y multinacionales.
El sindicato ha hecho estos cálculos tras la comparecencia este jueves de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que en esta legislatura promoverá un acuerdo de Estado contra el fraude fiscal para sacar a la luz la economía sumergida.
