Los fallos que comete Hacienda por leyes mal hechas ya acumulan un coste de 22.000 millones de euros que deben pagar también los contribuyentes, según La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Los errores fiscales, fundamentalmente por leyes mal hechas, están generando una factura multimillonaria que pagan todos los contribuyentes. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sólo en la última década, las arcas públicas han asumido una media de 1.000 millones de euros anuales por pleitos perdidos ante los tribunales. El coste total asciende ya a 22.000 millones, y quedan aún 12.500 por pagar.

Las derrotas judiciales de la Administración afectan sobre todo a impuestos anulados o declarados inconstitucionales, como el modelo 720, la plusvalía municipal o el céntimo sanitario. Normas impuestas sin contemplaciones, tumbadas con posterioridad por los tribunales, sin que nadie en Hacienda asuma las consecuencias, según afirmaron los expertos consultados por este medio. En paralelo, cualquier error de forma cometido por un autónomo se traduce en sanciones inmediatas, recargos e intereses.

“Los errores de Hacienda en materia tributaria generan deficiencias que, además de afectar a la seguridad jurídica de los contribuyentes, generan conflictos judiciales que podrían evitarse con una mejor planificación y control de la normativa fiscal”, explicó a este diario Jaime Martínez Tascón, profesor en OBS Business School y director de Inveretik Gestión Patrimonial.

Las reformas fiscales se aprueban con carácter urgente, sin el suficiente debate o análisis de sus consecuencias

En su último informe sobre riesgos fiscales, la Airef identifica un patrón que se repite: el uso inadecuado del Real Decreto-ley para modificar tributos y una falta sistemática de evaluación previa. Muchas de estas normas fueron aprobadas deprisa y corriendo, con el único objetivo de aumentar la recaudación en contextos económicos o políticos delicados.

“En muchas ocasiones, las reformas fiscales se aprueban con carácter urgente, sin el suficiente debate parlamentario, ni análisis detallado de su impacto. La falta de una evaluación exhaustiva puede llevar a errores en el diseño de los tributos o a la vulneración de principios constitucionales y del derecho europeo”, añadió Martínez Tascón. Esto explica, según el experto, por qué tantas medidas han acabado anuladas por el Tribunal Supremo, el Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de la UE.

El contraste con lo que vive un autónomo resulta difícil de digerir. Los expertos ponen como ejemplo a un profesional que comete un fallo involuntario en un modelo trimestral puede ser sancionado con recargos automáticos, intereses acumulados y multas que no siempre se pueden recurrir. «No importa que la normativa cambie con frecuencia o que el sistema telemático tenga errores: la responsabilidad recae siempre en el contribuyente».

“La diferencia en el trato entre pequeños contribuyentes y la propia Administración muestra una evidente asimetría en la responsabilidad fiscal. Mientras Hacienda aplica sanciones implacables a autónomos y pymes por errores mínimos, sus propios fallos, que generan pérdidas millonarias para el Estado y los ciudadanos, quedan sin consecuencias”, denunció el profesor en OBS Business School.

Cuando Hacienda comete errores, se quejan los expertos, no hay sanciones ni responsabilidades políticas o técnicas

La autoridad independiente ha detallado algunas de las principales derrotas judiciales que explican esta factura de 22.000 millones. Por ejemplo, los más de 1.300 millones por errores en el Impuesto de Sociedades o los 1.671 millones devueltos por el céntimo sanitario. En todos estos casos, la justicia dio la razón a los demandantes, pero ningún alto cargo asumió responsabilidad política o técnica.

Gentileza de Autónomos y Emprendedores