Según el Instituto Español de Analistas, los elevados impuestos que soportan los autónomos y pymes, unidos al exceso de regulación que soportan suponen una carga demasiado elevada para muchos negocios. Las leyes que deben cumplir cubrirían la distancia entre Madrid y Cádiz
España se diferencia de la Unión Europea en que tiene la mayor cantidad de microempresas de los 27. Aquellas con menos de diez trabajadores y de dos millones de euros de volumen de negocio. Este fenómeno es significativo, ya que estos negocios constituyen un porcentaje sustancial del tejido empresarial del país y emplean a más del 50% de la masa laboral española. Pues bien, esta estructura tiene un impacto directo en la productividad general del país, como señala el informe El reto del tamaño empresarial en España, publicado el Instituto Español de Analistas.
Las evidencias presentadas en el mismo sugieren que las microempresas en España son notablemente menos productivas, especialmente en comparación con sus homólogas de otras grandes economías de la UE; lo cual es preocupante, ya que esta falta de productividad contribuye a la falta de convergencia del PIB real per cápita de España respecto a la UE. Y es que, en los últimos 20 años, las pymes españolas han frenado su dinámica de crecimiento, según el informe, debido principalmente al exceso de regulación legal y a determinados umbrales fiscales y laborales.
La páginas de leyes que tienen que cumplir los negocios cubrirían la distancia entre Madrid y Cádiz
Lo que viene a reforzar las palabras del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados: “Sólo el pasado año, el Boletín Oficial del estado y sus homólogos de las diferentes comunidades autónomas publicaron más de 1.275.000 páginas de normas y regulaciones. Lo que hace que un autónomo o un propietario de un pequeño negocio haya de leerse, para estar al día, 3.494 páginas cada jornada de trabajo”.
A pesar de que, durante un tiempo, el Gobierno estuvo en funciones el pasado 2023 hasta las Elecciones generales, explicó Lorenzo Amor en la Cámara Baja, “aún así, los diferentes ministerios sacaron adelante 683 normas estatales. Dejen que les ponga un ejemplo gráfico: colocando esas hojas en el suelo, una detrás otra, cubriríamos el trayecto por carretera entre Madrid y Cádiz…”.
Más allá de ese exceso de regulaciones, que ya fue referido por la CEOE en el mes de mayo con otro símil gráfico –el peso de esa documentación aprobada durante el pasado año se equipararía al de 11 vacas lecheras–, el informe de los analistas destaca el efecto negativo que provoca el umbral financiero de seis millones de euros, a partir del cual el sistema fiscal de Hacienda asigna un control más estricto y la obligación de utilizar el Sistema de Intercambio de Información (SII) para el IVA.
Además de las dificultades intrínsecas asociadas al pequeño tamaño, los analistas indican también que las normativas laborales que se empiezan a aplicar cuando los negocios cuentan con una determinada plantilla, como la posibilidad de establecer un comité de empresa, actúan como barreras adicionales al crecimiento, que limitan significativamente la expansión empresarial. Estos factores regulatorios han dado como resultado en un menor número de grandes empresas y un mayor peso de los pequeños negocios, que son menos productivos.
Los negocios pierden sus beneficios fiscales cuando aumentan su tamaño
Las pymes cuentan con una fiscalidad más ventajosa en determinados aspectos, con respecto a otras empresas, por su capacidad económica más reducida. Este trato privilegiado, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una herramienta contraproducente, ya que puede desincentivar a las empresas a aumentar su dimensión para no perder dichos beneficios tributarios. “Es evidente que tiene que haber un régimen con ayudas fiscales, pero hay que excluir el posible desincentivo al crecimiento. Las normas y ventajas fiscales a favor de la pyme no pueden constituir un desincentivo a crecer, que es un problema que siempre han tenido los beneficios fiscales”, resumió Cesar García Novoa, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Santiago de Compostela.
Por lo que este experto insistió en que es “fundamental llevar a cabo una criba de estos beneficios fiscales que existen en la Ley del Impuesto de Sociedades en relación con las compañías de reducida dimensión, para dejar únicamente aquellos que realmente tienen sentido”.
También hay distorsiones con respecto a la financiación, en el sentido de que es mejor emplear para ello recursos ajenos, porque tienen un tratamiento fiscal más ventajoso. Sin embargo, en el caso de las pymes es más complicado acceder a estos fondos, por lo que se produce un sesgo en favor del endeudamiento.
Gentileza de Autónomos y Emprendedores