Los asesores fiscales lamentan que el Gobierno no haya concedido un aplazamiento en los procedimientos tributarios.
Cuando la Agencia Tributaria (AEAT) advirtió a los contribuyentes que el Gobierno preparaba un cambio normativo inminente para alargar los plazos de los procedimientos tributarios, muchos respiraron aliviados. Y no solo porque los problemas de liquidez por la falta de ingresos puedan ser un problema para abonar las autoliquidaciones, sino porque con las medidas de confinamiento se hace más complicada la toda la logística de los trámites burocráticos. Sin embargo, las esperanzas desaparecieron el pasado martes cuando el Consejo de Ministros especificó que el pago de impuestos no se verá prorrogado pese a que se han paralizado el resto de procedimientos administrativos.
Eso significa que los contribuyentes tienen que ceñirse a los plazos ya establecidos por la normativa tributaria y la AEAT. Y muchos no llegarán a tiempo. Así de claro lo alertan los asesores fiscales consultados por este periódico que dicen que en los últimos días están saturados de consultas de contribuyentes. Tampoco tendrán aplazamientos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, como ha recordado el propio ministerio a través de Twitter. Nadie se librará de pagar impuestos y cotizaciones pese al coronavirus.
En las próximas semanas hay citas importantes con la Agencia Tributaria que coincidirán con el periodo de aislamiento decretado por el Gobierno para frenar el contagio del coronavirus. Pero no solo eso: muchos negocios han tenido que cerrar por el establecimiento del estado de alarma, y la mayoría de los demás están haciendo teletrabajo. Todo esto complica la logística interna para recopilar las facturas, los gastos corrientes, los cobros, etc.
Toda la comunidad tributaria estamos muy defraudados con las medidas, porque no se ha pensado en el contribuyente.
«Toda la comunidad tributaria estamos muy defraudados con las medidas que se han tomado, porque no se ha pensado en el contribuyente en absoluto», lamenta Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). En su opinión, los más perjudicados serán las pequeñas empresas y los autónomos, ya que son quienes tienen menos recursos técnicos para realizar toda la gestión tributaria. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una carta remitida al presidente del Gobierno: «Muy poco o ningún protagonismo se ha atribuido dentro de la política económica de emergencia a la política fiscal y tributaria».
El Gobierno aprobó una moratoria en el pago de impuestos para autónomos y pymes de seis meses por un máximo de 30.000 euros. Sin embargo, los asesores fiscales lamentan que es una cuantía muy pequeña, porque con las retenciones del IRPF y el IVA, en la mayoría de los casos ya se supera esta cuantía. Además, este aplazamiento exige a las empresas que realicen todos los cálculos para comprobar si se pasan de esta cuantía y hacer la declaración o la autoliquidación correspondiente. La asociación de autónomos UPTA también ha solicitado a la Agencia Tributaria una moratoria extraordinaria ante la «dificultad para la presentación de estas declaraciones tributarias». En concreto, UPTA ha pedido a Hacienda que prolongue tres meses el plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones, hasta el 20 de julio, «a fin de evitar las sanciones correspondientes».
Desde AEDAF lamentan que el Gobierno haya sido muy sensible con la normativa laboral y no haya tenido la misma consideración con los procedimientos tributarios. De hecho, las empresas están actualmente desbordadas por los cambios en materia laboral y en adaptar sus plantillas al nuevo entorno económico. Muchas empresas están en medio de la gestión de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y esto está consumiendo la mayor parte de los recursos que tienen para la gestión administrativa. De ahí que la negativa de Hacienda a conceder un retraso en los procedimientos tributarios haya complicado mucho más toda la planificación.
«Hemos consultado a la Agencia Tributaria si va a aplazar los procedimientos como anunció hace unos días, pero no nos dicen nada», señala Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Y no son solo los contribuyentes quienes tienen un problema para llegar a tiempo, también los despachos de asesoría y consultoría están saturados por las solicitudes de ERTE y ahora por las declaraciones tributarias.
«Los despachos tienen el problema de que tienen a su personal teletrabajando, o enfermo y, además, tienen que conseguir la documentación de sus clientes, que son empresas que están cerradas y que tienen que gestionarse para recopilar toda esa información», alerta del Amo. «No va a ser fácil, los despachos están ahogados con tantas operaciones y asimilando la nueva normativa, yo no paro de responder correos electrónicos», explica. Esta es la sensación generalizada entre los asesores fiscales.
Existe una gran incertidumbre sobre todos los procedimientos y la Agencia Tributaria no despeja las dudas existentes. «Yo tengo la sensación de que la AEAT va a hacer algo, no pueden mantenerse los plazos actuales», afirma del Amo. «Nosotros enviamos a la Agencia una carta para que nos resolviera las dudas sobre los plazos y no hemos tenido respuesta», explica Raventós, «ni siquiera nos aclaran si prevén suavizar las sanciones por incumplimiento de los plazos». Estas sanciones van desde el 5% si la declaración es voluntaria o, si se realiza a instancias de la AEAT, pueden ascender desde el 50% hasta el 150% del importe de la declaración a pagar.
El calendario tributario se aprieta
Las próximas semanas serán muy intensas en la Agencia Tributaria como consecuencia del fin de mes y de trimestre, situación que coincidirá con la parálisis en la que está sumida toda España. La primera cita importante se produce el próximo 30 de marzo, en menos de diez días, cuando las empresas que estén dentro del Suministro Inmediato de Información (SII) tendrán que liquidar el IVA de febrero antes del 30 de marzo.
El día 31 los contribuyentes con bienes en el extranjero tendrán que declararlos en el modelo 720. Esta declaración es meramente informativa, ya que no se tiene que realizar autoliquidación y, por tanto, Hacienda no realiza ninguna recaudación. Sin embargo, este plazo tampoco ha sido ampliado. Los asesores explican que esta declaración puede generar problemas porque en ocasiones los contribuyentes no tienen toda la información actualizada de sus bienes en el extranjero y tienen que solicitarla, con las complicaciones que eso genera por la pandemia del coronavirus, que afecta también a terceros países.
El siguiente día importante será el 20 de abril, cuando se tienen que realizar las autoliquidaciones del primer trimestre de las principales figuras tributarias, desde el IVA, hasta las retenciones del IRPF o el impuesto sobre sociedades. En este último caso, las empresas tienen que calcular los resultados económicos obtenidos en los tres primeros meses del año, lo que exige un esfuerzo extra para recopilar los datos de todo el negocio.
Algunas empresas pequeñas que no tributen por resultados reales, sino por beneficios del pasado, se pueden encontrar con que, habiendo sufrido pérdidas en el primer trimestre, tienen que hacer un pago a Hacienda por tener la base positiva del año 2018. La Agencia Tributaria no permite cambiar a estas alturas de modalidad de tributación, lo que puede agravar los problemas de liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas si no autoriza este cambio. Además, los autónomos y profesionales tendrán que presentar la autoliquidación por los ingresos generados en el primer trimestre del año.
Gentileza de El Confidencial
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