El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra que incluye la desvinculación del IPC de los precios del alquiler y pone tope a las subidas, aunque estableciendo ciertas diferencias según el tipo de arrendador.
De esta forma, el Gobierno ha establecido que los alquileres se revaloricen según el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que fija el máximo en el 2%, en lugar de la inflación. Un cambio relevante dada la espiral de precios que vive la economía española, que llevó al IPC a alcanzar en febrero una tasa del 7,6% interanual alcanzado su nivel más alto en 35 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que este freno a los incrementos del alquiler contiene alguna diferencia según el tipo de propietario.
Así, el Real Decreto-ley distingue entre grandes tenedores (aquellos con diez viviendas o más), que tendrán que aplicar el 2%, y propietarios de vivienda físicos, que podrán renegociar su renta y, en caso de no alcanzar un acuerdo con el inquilino, tendrán que fijar el aumento máximo en ese 2%.
De cualquier forma, el sentido común lleva a pensar que, en la práctica, la mayoría de las personas que tengan que negociar la actualización de su renta no va a estar de acuerdo con una subida más pronunciada y, finalmente, la mayoría se incrementarán un 2%.
¿A cuántos contratos afectará?
La limitación en los alquileres afectará los contratos a los que corresponda su revisión anual en los próximos tres meses -abril, mayo y junio-, que pasarán a revisarse según el IGC. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya remite a ese índice para la actualización de rentas, pero en la práctica la inmensa mayoría de los arrendamientos se revalorizan con el IPC.
Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en España hay unos 3,5 millones de viviendas alquiladas, por lo que la medida podría afectar a unos 875.000 contratos (la cuarta parte), que son los vencerían este trimestre, en el supuesto de que se firmara el mismo número de contratos de alquiler en cada uno de los cuatro trimestres del año.
De esas, unas 175.000 viviendas (5%) están en manos de grandes tenedores, es decir, titulares de diez o más inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, en su gran mayoría bancos, fondos, compañías de seguros y socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria). Estas cifras evidencian que el tope de los alquileres va a perjudicar, sobre todo, a los pequeños propietarios.
La vicepresidenta segunda ha recalcado que «es la primera vez en tiempos de democracia» que se toma una medida como esta en España.
«El Gobierno de España tiene el mandato en esta norma de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda, personas a las que ahora mismo pagar su alquiler es un obstáculo y, a veces, resulta imposible», ha dicho Díaz.
Críticas del sector
Jose Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora de Alquiler (ANA), considera que: «El Gobierno llega tarde con esta medida, y a pesar de que se anuncie como transitoria, no tengo ninguna duda que se prorrogará, con lo cual se corre el peligro que se convierta en otra forma de intervenir el precio de los alquileres, congelando el mecanismo de actualización de rentas previsto en el artículo 18 de la LAU».
Además, defiende que «la actualización de las rentas de alquiler, conforme al 2% es escasa, y consideramos que, si tomamos como referencia la inflación media en 2021, el valor más real debería ser una actualización de las rentas de alquiler del 3%».
Para María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, «el arrendatario se verá perjudicado, no sólo porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento, sino que varios de los gastos directos de la vivienda a los que el propietario tiene que hacer frente también es probable que se incrementen. Por lo que la administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC, no recaiga sobre los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados».
En este mismo sentido, Francisco Iñareta, portavoz de idealista, explica que «el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler. A falta de conocer la letra pequeña de la medida, el anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone».
«El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado. La experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables», añade Iñareta.
Otra de las críticas del sector es que se va a generar un mercado a dos velocidades con los propietarios e inquilinos que hayan tenido que revisar el alquiler en los tres primeros meses del año (con tasas de inflación muy elevadas) y los que lo hagan a partir del 1 de abril.
Fuente Expansión